Salud mental en alerta: las internaciones se dispararon 42% en tres años y el sistema público pide aire

Son las nueve y media de la mañana cuando llego al edificio del Senado y el pasillo ya está lleno de gente. Funcionarios, directores de hospitales, representantes de universidades y unas cuantas personas con credenciales de provincia se acomodan en los bancos de madera. Vienen a presentar un informe que, según me dijeron antes de entrar, retrata una postal preocupante: el sistema público de salud mental está siendo exigido al límite, con internaciones que no paran de crecer y consultas ambulatorias que se multiplican, sobre todo entre los más jóvenes. En la sala, una de las que toma la palabra es Mariana, de la dirección de salud mental de una provincia del noroeste, que me resume la sensación general con una frase que se repite en casi todas las jurisdicciones: "No damos más, pero tampoco queremos dejar de atender".

Las cifras que arroja el relevamiento son elocuentes. Las consultas ambulatorias por problemas de salud mental crecieron 23% en el último año en la Argentina, mientras que las internaciones se incrementaron 42% entre 2023 y 2026, con un salto adicional del 12% en los últimos doce meses. Los datos surgen de un trabajo coordinado por la Universidad Nacional de Lanús, que compiló información aportada por las máximas autoridades sanitarias de 14 provincias: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. También participaron Entre Ríos y Río Negro, y en conjunto esos territorios representan a más del 70% de la población del país.

Quiénes recurren más al sistema público

El informe traza un perfil claro de la demanda. Creció la atención de niñas, niños y adolescentes, y se multiplicaron las consultas de personas que perdieron la cobertura de obras sociales o prepagas y terminaron recalando en el hospital público, una migración que se repite desde hace rato en casi todas las áreas del sistema de salud. En la provincia de Buenos Aires, el dato es bien concreto: el 30% de las atenciones en las guardias hospitalarias corresponden hoy a problemas de salud mental, un volumen que cambió la dinámica de las emergencias y obligó a reacomodar recursos.

Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales, y trece de las 14 provincias relevadas dijeron haber ampliado sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos específicos para el abordaje de consumos problemáticos. El esfuerzo, reconocen las propias autoridades provinciales, alcanza pero no alcanza: en el documento presentado al Senado describen a esas estructuras como "sobreexigidas" frente a una demanda que no cesa, y remarcan que todavía hay serias dificultades para completar los equipos con disciplinas críticas, como psicología, psiquiatría y trabajo social.

Qué le piden las provincias a la reforma

• Aumentar la inversión específica en salud mental, considerada hasta ahora insuficiente.
• Ampliar la infraestructura y los recursos humanos, con políticas sostenidas de formación y de retención profesional.
• Garantizar el acceso a medicamentos, sobre todo para los tratamientos más costosos o de uso prolongado.
• Producir información epidemiológica nacional de calidad, hoy fragmentada entre jurisdicciones.
• Recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios, deteriorada en los últimos años.

El informe llegó al Senado en medio del debate por una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010. Las autoridades provinciales plantearon que la propuesta que se discute "elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos". La advertencia no es menor: si la demanda sigue creciendo al ritmo que muestran los números, cualquier retroceso en los marcos legales se sentirá directamente en los pasillos de los hospitales y en las salas de espera que ya están desbordadas.

“La prioridad no es discutir si se cambia la ley o no, sino asegurar que haya equipos, camas y medicamentos suficientes para que cada persona que llega al sistema público pueda ser atendida como corresponde. Hoy eso ya no está garantizado.”Mariana, directora de salud mental de una provincia del noroeste