Procesan con prisión preventiva al exagente Raúl Martins por lavado de activos ligado a explotación sexual
La jueza María Servini resolvió un procesamiento con embargo por 300 millones de pesos. La defensa cuestionaba las fechas de las operaciones atribuidas y había pedido sobreseimiento o falta de mérito.
La Justicia federal procesó con prisión preventiva a Raúl Martins, de 77 años y exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), por lavado de activos, y le trabó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La resolución la firmó la jueza María Servini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1, según el expediente iniciado el 6 de marzo de 2013 a partir de una denuncia anónima recibida en el Ministerio de Seguridad.
Una causa que empezó por una denuncia anónima
La investigación se abrió tras una comunicación que advertía sobre una posible explotación sexual de menores en un local de la avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre. A partir de allí, el expediente se expandió hacia la órbita patrimonial de Martins y la operatoria de sociedades vinculadas a su entorno familiar.
La discusión por las fechas de las operaciones
Durante la indagatoria, Martins optó por no responder preguntas y presentó un escrito en el que reclamó su sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. Su defensa sostuvo que las 26 operaciones que se le atribuyen —compras de inmuebles y administración de sociedades— se ubicaban entre 2009 y 2012, es decir, antes del período de explotación sexual que la propia causa fijó entre enero de 2013 y octubre de 2014. Además, afirmó que en otros nueve locales las acusaciones habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata.
Servini rechazó esa lectura. Consideró que una sociedad constituida antes del hecho investigado puede ser utilizada después para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, de modo que la fecha de creación de las empresas no alcanza para descartar las maniobras. En la resolución ponderó de modo conjunto el entramado de firmas nacionales y extranjeras, los poderes de administración y la participación de familiares, y concluyó que Martins habría mantenido el control efectivo de la estructura más allá de su registro formal.
- Procesamiento con prisión preventiva por lavado de activos.
- Embargo sobre los bienes del investigado por 300 millones de pesos.
- Defensa basada en la antigüedad de las operaciones y pedidos de sobreseimiento o falta de mérito.
- Cuestionamiento a nueve locales cuya acusación había sido archivada.
- Origen de la causa en una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad el 6 de marzo de 2013.
La extradición y el tramo final del expediente
Martins había sido detenido en México en 2019. Su traslado desde Cancún hacia la Argentina quedó a cargo de autoridades de ese país, en el marco del pedido de captura internacional que pesaba en su contra. Con el procesamiento firme, la causa avanza hacia la etapa de elevación a juicio oral por el delito de lavado de activos, mientras la defensa conserva la posibilidad de apelar la resolución.
Para denuncias o consultas vinculadas a trata de personas y explotación sexual, la línea gratuita y confidencial habilitada por el Ministerio de Justicia de la Nación es la 144.
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