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SÁB, 17 OCT 2026
Economía

Mendoza abre una mesa de negociación gratuita para que consumidores renegocien deudas con sus acreedores

La Provincia habilitó un procedimiento formal de conciliación para familias que destinan más del 30% de sus ingresos al pago de tarjetas, préstamos y financiaciones de consumo. El acuerdo con cada acreedor es voluntario y no hay quita asegurada.

CW
Carla WainsteinEconomía · · lectura 1 min
Mendoza abre una mesa de negociación gratuita para que consumidores renegocien deudas con sus acreedores

El gobierno de Mendoza puso en marcha un mecanismo formal y gratuito para que los consumidores finales puedan sentarse a renegociar deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales y otras líneas de financiamiento de consumo con sus acreedores. La iniciativa se canaliza a través de la Dirección de Defensa del Consumidor y apunta a hogares que ya ven comprometidos sus ingresos por el peso de los compromisos financieros.

Vamos a los números: qué deudas entran y hasta dónde llega la ayuda

  • Compromiso financieros de la categoría consumo: préstamos personales, financiamiento de compras, créditos de plataformas autorizadas y mutuales y cooperativas.
  • Límite de capital: el total adeudado no puede superar los 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de pedir la conciliación.
  • Topes de ingreso comprometido: las cuotas tienen que representar más del 30% del ingreso neto familiar, con un umbral más bajo del 25% para hogares en especial vulnerabilidad.
  • Exclusiones: quedan fuera deudas con garantía hipotecaria, obligaciones alimentarias, multas y sanciones penales, y compromisos vinculados a actividades empresariales o comerciales.

El procedimiento funciona como una mediación entre el consumidor y cada uno de sus acreedores. Defensa del Consumidor citará a las empresas involucradas, que disponen de hasta diez días hábiles para informar su posición sobre la propuesta. A partir de allí, las alternativas a discutir incluyen la extensión de los plazos de pago, la fijación de períodos de espera, la quita de intereses punitorios y gastos por mora y el rediseño del esquema de cuotas. Sin embargo, la Provincia no tiene atribuciones para imponer esas condiciones de manera unilateral: cualquier modificación depende de un acuerdo entre las partes.

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