La canasta de los adultos mayores volvió a superar los dos millones de pesos y se aleja del haber mínimo

El INDEC difundió esta semana el dato de inflación que arrojó una variación mensual que volvió a presionar sobre los precios que más golpean a los hogares argentinos. En paralelo, la Defensoría de la Tercera Edad y la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología actualizaron su propia medición y concluyeron que la canasta básica de los adultos mayores se ubicó en 2.090.646 pesos durante octubre, lo que implica un incremento del 38 por ciento en los últimos doce meses y del 14,58 por ciento desde marzo. La cifra duplica con holgura el haber mínimo previsional, que con el refuerzo extraordinario alcanza los 505.748 pesos, y deja al descubierto una brecha que se profundiza con el correr de los meses.

Vamos a los números. El desglose por rubro muestra que los medicamentos y la atención de la salud concentran el gasto más elevado, con 518.708 pesos mensuales, un monto que por sí solo ya supera lo que percibe un jubilado con la mínima más el bono. Le siguen los alimentos, con 457.742 pesos, y la vivienda, con 364.969 pesos, un capítulo que contempla tanto a quienes son propietarios como a quienes alquilan o residen en pensiones. Entre los tres ítems suman 1.341.419 pesos, es decir alrededor de dos tercios del total estimado para que una persona mayor cubra sus necesidades habituales a lo largo de un mes.

Cómo se compone la medición y a quiénes alcanza

El relevamiento toma como referencia las pautas de la canasta familiar que utiliza el INDEC, pero las adapta a los patrones de consumo específicos de la población adulta mayor, con un peso mayor en fármacos, consultas médicas y servicios vinculados al hábitat. En el rubro salud, se contemplan distintos medicamentos y los descuentos vigentes en farmacias según la obra social de cada beneficiario. En vivienda, la estimación combina las tres situaciones habitacionales más frecuentes: propiedad, alquiler y pensión, lo que permite obtener un promedio representativo de la realidad que atraviesan los hogares de la tercera edad en las principales urbes del país.

El alcance geográfico del informe se restringe a cinco conglomerados: la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, la ciudad de Córdoba, Rosario y el área metropolitana de Mendoza. Esa cobertura permite comparar los precios relevados en los centros de mayor densidad poblacional del país, aunque deja afuera a las ciudades medianas y chicas, donde los valores pueden diferir. La metodología, según detallaron las entidades que llevan adelante la medición, replica la estructura de la canasta que utiliza el organismo oficial de estadísticas para el resto de la población, con el ajuste por género y por región que permite una lectura más fina del fenómeno.

La distancia entre los ingresos y el costo real

Cuando se cruzan los valores de la canasta con los haberes previsionales, el panorama resulta particularmente crudo. La jubilación mínima con bono cubre menos de una cuarta parte del costo total calculado por la Defensoría. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez se ubican en 375.023 pesos, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanza los 418.598 pesos con el refuerzo incluido. Ambos montos también quedan por debajo de los 518.708 pesos que el propio informe asigna sólo al rubro medicamentos y salud, sin considerar alimentación ni vivienda.

Qué le cambia a un hogar promedio

Para un hogar donde viva una persona mayor sin ingresos adicionales, la diferencia entre lo que cobra y lo que necesita para sostenerse se traduce en un desfasaje de 1.584.898 pesos mensuales tomando la jubilación mínima con bono, o de 1.672.048 pesos si se considera la Pensión Universal para el Adulto Mayor. El desbalance obliga a recurrir a la asistencia familiar, a la compra de medicamentos genéricos, a la postergación de controles médicos o al recorte de la dieta alimentaria, opciones que las entidades que elaboraron el informe describen como frecuentes entre quienes perciben los haberes más bajos. La medición de octubre confirma, en definitiva, que la política de refuerzos puntuales no logra reducir la distancia estructural entre los ingresos de los adultos mayores y el costo real de cubrir sus necesidades básicas en las principales ciudades del país.