Cuatro años y ocho meses para dos camioneros que quisieron llevar acetato de etilo a Bolivia

En Salta, la Justicia federal condenó a Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García, dos conductores de camiones de nacionalidad boliviana, a cuatro años y ocho meses de prisión por intentar sacar del país más de 35 toneladas de un precursor químico controlado con destino a Bolivia. La sentencia fue homologada el 22 de octubre por la jueza Marta Liliana Snopek, del Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta.

Los hechos en el paso Aguas Blancas

El operativo se produjo el 16 de marzo de 2026, cuando personal de Gendarmería Nacional controló dos camiones en el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo. Los vehículos transportaban 191 tambores con 35.144 kilos de acetato de etilo, 95 en uno y 96 en el otro.

La documentación indicaba que la carga debía salir por el paso de Salvador Mazza con destino a Cochabamba, pero los camiones habían recorrido el norte y el litoral argentino hasta llegar a Aguas Blancas. Además, al cotejar los permisos con el Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre), los investigadores comprobaron que las patentes no estaban habilitadas para esa operación.

La autorización adulterada

• La fiscalía determinó que la autorización había sido adulterada.
• Alguien incorporó las patentes de los camiones a un documento con el formato del sistema de Gestión Documental Electrónica del Estado.
• Un peritaje de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal confirmó que la sustancia era acetato de etilo, incluido en el listado del Renpre.

Acuerdos y calificación penal

Los condenados aceptaron las penas propuestas por la fiscalía a cargo del fiscal federal subrogante Marcos Romero, de la Sede Descentralizada Orán, mediante acuerdos plenos. Fueron declarados coautores del delito de contrabando agravado de precursores químicos mediante documentación adulterada, en grado de tentativa, y del ingreso de esas sustancias a zona de frontera sin autorización.

La causa tuvo alcance internacional. La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) articuló el intercambio de información con autoridades bolivianas, lo que permitió incorporar documentación de allanamiento.