Córdoba, septiembre de espera: el costo oculto de la discapacidad que relevó cada informe

Son las diez de la mañana y en la Ciudad de Córdoba las juntas evaluadoras empiezan a armar las familias que suelen llegar con un café en la mano y la planilla de turnos bajo el brazo, y yo me acerco hasta la Defensoría del Pueblo para entender por qué conseguir el Certificado Único de Discapacidad se volvió, otra vez, una carrera de obstáculos con final abierto. La Defensoría del Pueblo de Córdoba presentó el 5 de octubre de 2026 un informe que pone nombre y apellido a esas esperas y describe cómo se traducen en medicamentos que no llegan, prótesis que demoran y terapias que se pagan de bolsillo, con una sobrecarga de cuidados que recae, sobre todo, en las mujeres de cada familia.

Un mapa de esperas que se mide en meses, no en semanas

Para quienes necesitan sacar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el documento releva que hay juntas evaluadoras en siete hospitales de la Ciudad de Córdoba, dos de los cuales son pediátricos y otorgan turnos con esperas de dos a tres meses; a esa dificultad inicial se suman demoras para conseguir consultas con especialistas que completen la documentación exigida en cada caso. Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo del relevamiento, señaló plazos de cuatro a nueve meses para acceder a prótesis y medicamentos, y esperas de nueve a catorce meses para ingresar a centros de rehabilitación, siempre según lo expuesto en el informe y sin que eso permita anticipar cuánto demorará un trámite puntual.

En concreto, mientras esas esperas se estiran, algunas familias pagan por su cuenta terapias, transporte y apoyos escolares para no interrumpir los tratamientos, y una madre de la provincia de Litoral —a quien vamos a llamar Laura, de la localidad de Río Cuarto, porque así se presenta en los grupos focales— me cuenta que ella desembolsó entre $150.000 y $180.000 solo en sesiones, después de haber sostenido atención particular durante alrededor de dos años, mientras esperaba cada respuesta del sistema.

Los prestadores también sienten el peso de los atrasos

Ahora bien, las dificultades no se quedan en las familias: el estudio también recoge atrasos de varios meses y hasta un año en los pagos que reciben los prestadores por parte de obras sociales y programas estatales, lo que termina comprometiendo la continuidad de los servicios en varios centros de la provincia y, en muchos casos, obliga a reducir gastos de funcionamiento para sostener las prestaciones.

• Aranceles del nomenclador nacional: aumento promedio del 225% entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, frente a una inflación acumulada del 336%.
• Nafta súper: suba del 559% en ese mismo período, contra un 231% en el valor reconocido por kilómetro para el transporte vinculado a las prestaciones.
• Plazos familiares pagados con bolsillo: terapias, transporte y apoyos escolares absorbidos por cada hogar mientras llega cada respuesta.
• Cuidados que recaen en las mujeres: madres que redujeron su jornada laboral y sus ingresos para sostener los tratamientos.

La palabra de las protagonistas, en primera persona

En los grupos focales que armó la Defensoría del Pueblo de Córdoba aparecen relatos que describen experiencias y no constituyen una medición estadística de todos los casos, aunque permiten dimensionar el impacto cotidiano de cada demora en cada familia, y por eso quiero cerrar esta nota con la voz de una de las protagonistas, Laura, de la localidad de Río Cuarto, que resume con una frase lo que una carga económica y emocional suele callar: cuando por fin te dan el turno, ya pasó tanto tiempo que terminás pagando todo de tu bolsillo, y al final lo que se gasta no es plata, sino tiempo con tus hijos.

“Cuando por fin te dan el turno, ya pasó tanto tiempo que terminás pagando todo de tu bolsillo, y al final lo que se gasta no es plata, sino tiempo con tus hijos.”Laura, madre entrevistada en los grupos focales, Río Cuarto